Piura: nueve meses de prisión preventiva para sujeto que habría maltratado a menor de tres años

Según certificado médico legal el menor presenta lesiones recientes y antiguas

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura ordenó la prisión preventiva por nueve meses para Randy Angarita Rojas, investigado por los presuntos delitos de lesiones graves y exposición al peligro de persona dependiente, en agravio del menor K. P. A. (03).

La magistrada Silvia Rodríguez Guerra valoró, en audiencia virtual, los elementos presentados por la Fiscalía como el acta de intervención policial, que describe las circunstancias en que fue encontrado el menor en un hotel ubicado en el mercado Modelo de Piura.

Además la Fiscalía presentó videos y capturas de imágenes donde puede visualizarse las condiciones del menor en el momento en que la Policía Nacional ingresó a la habitación del hotel, donde estaba solo.

También presentó el informe médico del centro de salud San José, el cual refiere que el menor muestra signos evidentes de maltrato infantil y recomienda interconsultas para las especialidades de oftalmología y traumatología.

Otros elementos de convicción son dos certificados médicos legales practicados al menor, el primigenio y su ampliación, que acreditan lesiones traumáticas recientes y antiguas, así como fractura de huesos en nariz y tórax.

Del mismo modo, ofreció la declaración de Karla Arteaga Rojas, madre del menor agraviado, quien afirmó que el pasado 11 de septiembre tuvo una discusión con el investigado, quien la golpeó en el vientre y producto de ello la mujer habría abortado.

Arteaga Rojas también declaró que el joven venezolano golpeó al menor de tres años, en la calle, además de haberlo mordido en varias ocasiones para luego dirigirse al hotel donde fue encontrado el menor.

En cuanto a la pena probable a imponer, al tratarse de dos delitos que habrían sido ejecutados al mismo tiempo, las penas serían sumadas y superarían los cuatro años de pena privativa de la libertad.

Finalmente, en la audiencia no pudo acreditarse arraigo domiciliario y laboral del investigado, pues no tiene un lugar de residencia ni trabajo estable, además de que existe peligro para la obstaculización de las investigaciones.