La Corte Superior de Justicia de Lima Sur impuso la pena de nueve años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso en agravio del Estado
El Poder Judicial condenó a nueve años de prisión efectiva a dos militares, identificados como Luis Soldevilla Espinal y Paddy Llimpe Correa, por ser autores de la apropiación irregularde casi 800 granadas de guerra y más de 100 mil cartuchos del Ejército del Perú. Se les encontró responsables del delito de peculado doloso en agravio del Estado.
Así lo comunicó la institución, a través de sus redes sociales, tras detallar que la Corte Superior de Justicia de Lima Sur fue la que impuso la severa pena contra ambos sujetos.
“Poder Judicial, a través de la Corte de Lima Sur, impuso 9 años de prisión contra los militares Luis Soldevilla Espinal y Paddy Llimpe Correa por el delito de peculado doloso agravado en el COEDE de Chorrillos en agravio del Estado”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter (ahora llamada X).
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Los sentenciados se apoderaron de 786 granadas de guerra, tipo defensivas y modelo BRM 75 (de fabricación soviética), y 104 mil 750 cartuchos, calibre 9 x 19 milímetros.
Jueces tomaron la decisión
Los jueces Nidia Rusbeldina Sierra Jerónimo, Cristhian Javier Salazar Costa y Miriam Leguía Soto tomaron la decisión de poner tras las rejas a ambos militares, luego de un largo proceso que inició en hace varios añoas atrás.
De acuerdo a la acusación fiscal, el 7, 20 y 21 de marzo del 2015, el entonces mayor del Ejército del Perú, Luis Soldevilla Espinal, en calidad de jefe de la Compañía de Mantenimiento y Transporte n. ° 503, se apoderó de las granadas y los cartuchos.
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El Ejército del Perú sufrió en 2015 el robo de sus artefactos de guerra. |
El Ministerio Público corroboró que esto no hubiera sido posible, si Soldevilla Espinal no recibía la ayuda del técnico de tercera Paddy Nolan Llimpe Correa, en calidad de jefe del almacén n.°1 - transitorio de la Cía. n. ° 503.
Los fiscales demostraron a los magistrados que “esta sistemática forma de apoderarse de las artefactos del Ejército peruano, se repitió hasta en tres oportunidades, en donde se apreció la participación de cada uno de los acusados, así como la conducta neutral de los técnicos del Ejército Peruano”.
Además, el colegiado anticorrupción de Lima Sur fijó una reparación civil por la suma de 170 mil soles que deberán pagar los sentenciados en conjunto.
Miembros del ejército peruano participan en los preparativos de un desfile para conmemorar el aniversario de la independencia nacional. (Reuters/Sebastián Castañeda)
Se denunció violación del derecho a defensa
La investigación por este caso empezó el pasado 15 de septiembre, cuando la fiscalía de Chorrillos tomó conocimiento de la pérdida de armamentos del cuartel Cruz de Hueso, en San Bartolo.
En su momento, Ricardo Franco, abogado de los involucrados, denunció que se violó el derecho de defensa durante el proceso fiscal. “Acá ha habido una serie de irregularidades, se ha violado el derecho de la defensa, del debido proceso”, dijo.
La investigación preparatoria involucró, además, a otros siete militares como presuntos cómplices primarios del delito de peculado doloso, debido a que habrían facilitado la entrega, recojo y desvío de las granadas con fines ilícitos. Entre ellos Carlos Martin Noblecilla Infante, Miguel Gomez Contreras, Edgar Javier Parraguez Vásquez, Sherley Zamudio Dávila, Ronny Ggley Rivera Caya, Carlos Joel Ramos Camacho y Eugenio Gómez Quispe.
Con información By Infobae
Reviewed by Diana Chuquiruna Lozada
on
abril 17, 2024
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