Sospechas sobre fiscal que dejó en libertad a 16 intervenidos en búnker criminal de Ate

Según el acta fiscal, los detenidos fueron liberados bajo el delito contra la "seguridad pública y conducción en estado de ebriedad".

En medio de un país que parece ya estar tomado por el hampa, la Policía aún logra dar golpes certeros a la criminalidad. La semana pasada, en un operativo en Ate, realizado por la Depincri de Lima Este obtuvo resultados positivos.

“En esta zona de la ciudad de Lima, la zona Este, se tiene conocimiento que actúan bandas criminales que se dedicarían a la extorsión, sicariato, venta de drogas y otros delitos”, dijo el coronel Henry Chingay, jefe de la Divpol Este.

Un mega operativo donde participaron más de 60 efectivos policiales, logrando la detención de 16 personas, fue opacada por el manejo irresponsable de la fiscal provincial a cargo del caso, Jessica Gomero Palomino, y por algunas omisiones de la propia policía.

La Policía habría iniciado el allanamiento sin tener aparentemente un plan de inteligencia previa; sin embargo, la irresponsabilidad también vino de la fiscal a cargo, que dejó en libertad en menos de 48 de horas a los 16 detenidos.

‘ContraCorriente‘ puso al descubierto todos los detalles detrás del operativo, donde dos organizaciones del Estado fallaron. Un grave retroceso en la pelea contra la criminalidad en Lima.

El coronel Henry Chingay relató que se ingresó al domicilio y se comenzó con el registro correspondiente. Se encontró arma de fuego, sustancias prohibidas, celulares. Comentó también que las pruebas no se pudieron realizar por la prematura liberación de los 16 detenidos.

La fiscal Jessica Gomero Palomino dio su descargo, tachando de vendehumo al grupo de policías liderado por el coronel Henry Chingay.

Se reportó otra señal inequívoca de la falta de prolijidad e irresponsabilidad del Ministerio Público. El documento de acta de libertad emitido, supervisado y con la firma y sello de la fiscal a cargo del caso, refiere que los 16 detenidos fueron liberados bajo el delito contra la seguridad pública y conducción en estado de ebriedad, cuando el delito que se le imputaba era fabricación, comercialización, uso y porte de armas y tráfico ilícitos de drogas.