“Acuña arma su lista con ‘mochasueldos’ y corruptos: el regreso del clan del descaro”

Magaly Ruiz, Rosío Torres, Lady Camones y otros congresistas cuestionados buscan reelegirse de la mano de César Acuña. A ellos se suman exministro, César Sandoval, también hay condenados y figuras recicladas del fujimorismo. El partido que promete “progreso” solo ofrece inmunidad y poder.

César Acuña Peralta no se rinde. Pese a los cuestionamientos que pesan sobre su gestión regional, el dueño de la Universidad César Vallejo vuelve a tentar la Presidencia de la República por tercera vez consecutiva. Esta vez lo hará bajo la bandera de Alianza Para el Progreso (APP), un partido convertido en refugio de congresistas acusados de corrupción, recorte de sueldos y tráfico de influencias.

El líder apepista encabeza una plancha presidencial integrada por el ex presidente del Congreso Alejandro Soto y Jessica Tumi, actual directora del programa estatal Llamkasun Perú, que depende directamente del gobierno de Dina Boluarte. Ambos, junto a Acuña, buscan conquistar el poder bajo el lema de “progreso y estabilidad”. Pero los expedientes judiciales que los rodean cuentan una historia muy distinta.

Las sombras de César Acuña

El exgobernador regional de La Libertad enfrenta actualmente tres investigaciones fiscales activas por presuntos actos de corrupción. La primera se refiere a los sobrecostos millonarios en la compra de 100 camionetas policiales, operación en la que la Fiscalía Anticorrupción detectó un sobreprecio superior a S/17 millones. La segunda apunta a una publicidad disfrazada de campaña, ya que se le investiga por haber destinado S/2 millones del presupuesto regional a medios de comunicación vinculados a su partido, Alianza Para el Progreso (APP). La tercera causa está relacionada con contratos sospechosos, luego de que su gestión adjudicara obras por más de S/300 millones a una empresa sin experiencia, dirigida por una joven de apenas 23 años. Pese a estas acusaciones, César Acuña niega los cargos y sostiene que se trata de “ataques políticos”, aunque su historial revela una constante conexión entre su poder económico, sus universidades y su maquinaria partidaria.

Alejandro Soto: del estrado al escándalo

El primer vicepresidente de su plancha, Alejandro Soto, se ha convertido en uno de los rostros más cuestionados del Congreso. Actualmente es investigado por la Fiscalía en el caso conocido como “Fábrica de Trolls”, una presunta red de cuentas falsas utilizada para hostigar a opositores y manipular la opinión pública desde redes sociales. A ello se suma su vinculación con una red criminal asociada a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el hecho de haberse beneficiado directamente de una ley de prescripción penal que él mismo impulsó y votó a favor en el Pleno, favoreciendo la caducidad de causas judiciales que lo alcanzaban. Soto, además, ha mostrado una actitud desafiante frente a las instituciones: se ha negado repetidamente a comparecer ante comisiones del Congreso, escudándose en una supuesta “persecución política”. Pese a su prontuario y las múltiples denuncias que lo rodean, no solo acompaña la fórmula presidencial de César Acuña, sino que también postulará al nuevo Senado, en lo que muchos interpretan como una maniobra para mantener su inmunidad y escapar del alcance de la justicia.

Jessica Tumi y los nexos con el gobierno de Boluarte

La segunda vicepresidenta y actual funcionaria pública, Jessica Tumi, dirige el programa de empleo temporal Llamkasun Perú, dependiente del Ministerio de Trabajo. Su inclusión en la plancha genera alarma por posible uso de recursos estatales para fines electorales.
Su cargo, que implica manejo de fondos públicos y personal contratado, podría configurar conflicto de intereses si continúa en funciones durante la campaña.

Los “mochasueldos” que buscan regresar al Congreso

Acuña no está solo en la polémica. Su lista congresal está conformada por varios de los protagonistas del escándalo de los “mochasueldos”, quienes, pese a las denuncias penales en su contra, hoy buscan mantenerse en el poder. Entre ellos figura Magaly Ruiz, denunciada por concusión tras recortar el sueldo a trabajadores de su despacho; Rosío Torres, señalada por el mismo delito, aunque beneficiada con el archivamiento de su caso por la Comisión Permanente; y Lady Camones, acusada de utilizar su posición en la Mesa Directiva para favorecer intereses partidarios. A ellos se suman José Elías, Nelcy Heidinger, Luis Kamiche, Jorge Marticorena y Eduardo Salhuana, todos investigados por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. La presencia de este bloque en la lista de APP ha sido calificada por analistas como una burla abierta a la ciudadanía y una provocación al electorado, pues representa el reciclaje de figuras que simbolizan el deterioro moral del Congreso. Aun así, gran parte de la población parece resignada: según las últimas encuestas, un 35 % de los votantes aún no define su voto, lo que abre la puerta a que el descrédito no sea suficiente para frenar el retorno de los mismos rostros al poder.

Exministros y viejos rostros en la lista

La lista de Alianza Para el Progreso no solo agrupa a congresistas cuestionados, sino que también incorpora a personajes provenientes del entorno de Dina Boluarte y del fujimorismo residual, consolidando así una alianza política marcada por el oportunismo y la conveniencia. Entre ellos destaca César Vásquez, exministro de Salud, investigado por irregularidades en contrataciones durante la pandemia; César Sandoval, exministro del MTC, denunciado por direccionar obras viales a empresas allegadas; y Luis Valdez, actual secretario general de APP, acusado por colusión en la ejecución de obras públicas cuando fue gobernador de La Libertad. A ellos se suma Eduardo Carhuaricra, exalcalde de Pasco, quien registra una condena por peculado, junto con los excongresistas Gustavo Rondón y Gilberto Díaz, señalados por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Para completar el cuadro, aparecen nombres con proyección mediática como Arlette Contreras, excongresista y activista, y Héctor Chumpitaz Dulanto, hijo del legendario capitán de la selección peruana, incorporados más como figuras decorativas que como representantes de una verdadera renovación política. En conjunto, esta lista evidencia que APP ha optado por reforzar su maquinaria electoral con viejos cuadros del poder y personajes reciclados, en lugar de apostar por una propuesta ética y renovadora, confirmando así que el “progreso” que proclama Acuña parece limitado a su propio círculo político.

El objetivo parece claro: blindarse. En una eventual reconfiguración del Congreso bicameral, el acceso al Senado y a los Diputados implica fuero parlamentario, protección frente a investigaciones judiciales y control político desde el Legislativo.

Varios de los implicados ya enfrentan procesos abiertos y buscan en las urnas lo que no consiguen en los tribunales: impunidad por representación.

Una candidatura bajo sospecha

Acuña promete “cero corrupción”, pero sus candidatos simbolizan lo contrario. En 2016 su campaña fue anulada por el Jurado Nacional de Elecciones por ofrecer dinero a los votantes. En 2021 apenas alcanzó el 4,8 % de votos. Hoy, con un partido salpicado por escándalos y alianzas con funcionarios investigados, su “tercera oportunidad” parece más un intento de supervivencia política que un proyecto de país.

¿Regreso o reciclaje?

Acuña insiste en que “el pueblo sabrá reconocer mi obra”. Pero su lista parece un espejo del Congreso más desprestigiado de los últimos tiempos.
En un país que reclama renovación, Alianza Para el Progreso resucita los mismos nombres, los mismos vicios y las mismas denuncias.
El progreso, por ahora, parece reservado para los suyos.