Amplían tiempo para investigar a las azucareras ante posible venta irregular de acciones

La Comisión Investigadora de la venta de acciones en las empresas azucareras Casa Grande, Cartavio, Laredo, Chucarapi, Pampa Blanca y Andahuasi encontró indicios de irregularidades, lo que permitió que el Pleno del Congreso ampliara a 180 días la investigación para emitir el informe final, con 86 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra.

Esta comisión es presidida por el congresista Roberto Angulo Álvarez, representante de la Bancada Nacionalista, y conformada también por Antonio Medina Ortiz, Wuiliam Monterola Abregú, Hugo Carrillo Cavero y Richard Acuña Núñez. El objetivo es determinar indicios de responsabilidad de funcionarios, servidores públicos, así como de las personas naturales y representantes de las empresas azucareras mencionadas.

“En nuestro plan de trabajo consideramos diversas labores, entre ellas revisar y analizar la normatividad legal desde 1969. Realizamos audiencias públicas en distintas ciudades donde se encuentran las empresas azucareras, diversas sesiones ordinarias y extraordinarias para mostrar los avances del trabajo; además peritajes y solicitud de información relacionada con la investigación a instituciones públicas”, comentó Angulo Álvarez.

Azucareras no colaboraron

Entre los inconvenientes que se presentaron en la investigación fue que habiéndose requerido la documentación en reiteradas oportunidades a las azucareras, con la debida anticipación y formalidades de ley, éstas enviaron tardíamente la información.

Empresas como Casa Grande y Cartavio han mostrado una actitud renuente a la entrega de información solicitada por la Comisión Investigadora, tal es así que enviaron documentación incompleta o documentación no solicitada y en fotocopias simples, dificultando enormemente la labor de la Comisión.

Inclusive, a través de sus funcionarios o representantes, las mencionadas empresas, se opusieron al peritaje requerido, razón por la cual, la Comisión Investigadora, decidió intervenir vía judicial a través del Juzgado Penal de Ascope, quien instruyó de grado o fuerza el procedimiento de incautación de documentos.