Denuncian a médicos y auxiliares que habrían cobrado a policías hasta S/400 por descansos médicos

Caso de corrupción sucedió en el Hospital Augusto B. Leguía de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La Fiscalía y la División de Investigación de Delitos de Corrupción detuvo a un médico, tres auxiliares de enfermería y dos policías.

La División de Lucha Contra la Corrupción de la Policía Nacional denunció ante el Ministerio Público las operaciones de una presunta red de corrupción en el que estarían implicados policías y médicos y enfermeros del hospital Augusto B. Leguía de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicado en el Rímac.

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Las autoridades vienen investigando cómo esta red operaba desde 2018 para cobrar a los policías entre S/70 y S/400 para darles descansos médicos, los que costaban más caros según la ‘gravedad’ de la dolencia y la cantidad de días de reposo. Su intención era cobrar su sueldo sin trabajar tras presentar los descansos médicos y las atenciones en emergencia.

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Después del operativo realizado el pasado viernes 22 de noviembre, la Fiscalía y la División de Investigaciones de Delitos de Corrupción allanó cinco áreas médicas del mencionado hospital. También intervino las casas del médico jefe del Servicio de Emergencia, Jesús Antonio Alcántara Chihuán; de las policías María Angélica Sadaña Zúñiga y Jarixa Mirella Rosas Palacios; y de los auxiliares de enfermería, Anselmo Camones Gonzáles, Javier Llerena Díaz y Richard Augusto Luque Loayza.

En el domicilio de este último se hallaron dos armas de fuego sin registro, lo que fue alertado a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Santa Anita para que investigue al acusado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

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Ellos vienen siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, a cargo de la fiscal provincial Karla Zecenarro Monge, titular del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Lima.

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Zecenarro también viene dirigiendo las diligencias de declaración de los detenidos, el deslacrado de la importante documentación y la visualización de información de los teléfonos celulares incautados.

Las escuchas telefónicas y los mensajes registrados revelaron que la mayoría de certificados médicos se emitían en fechas cercanas a las principales fiestas del año o fines de semana. La Fiscalía explicará la situación jurídica de los detenidos cuando se cumplan los siete días de detención preliminar que pidieron en su contra, la cual fue aceptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

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Fuentes policiales comunicaron que no declararán sobre el caso de corrupción porque podrían “entorpecer el curso de las investigaciones” realizadas por la Fiscalía.

Fuente: La República