Informe de Fiscalización recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años para cargos públicos

Entre las conclusiones, se El grupo de trabajo presidido por Edgar Alarcón sostiene en su informe final sobre el caso 'Richard Swing' que el exmandatario lidera una organización criminal. También recomendó que se acuse constitucionalmente al exjefe de Estado

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República recomienda en su informe final por el caso ‘Richard Swing' inhabilitar por diez años de ejercer cargos públicos al expresidente Martín Vizcarra, además de que se le acuse constitucionalmente.

Según el informe elaborado por el grupo de trabajo que lidera el congresista Edgar Alarcón. El mismo sostiene que estas medidas responden a que el exmandatario lideraría una organización criminal, además de que habría cometido varios delitos de función.

Según el documento, esta organización criminal habría captado Palacio de Gobierno para utilizar su poder político, a fin de contratar personas de su entorno y beneficiarlas a través de los recursos del Estado.

Precisa que se habría favorecido a partidarios de partidos políticos, amigos y familiares directos o indirectos y amigos, los cuales ocuparon cargos de confianza, y otras modalidades de contrataciones, como las órdenes de servicioque obtuvo el cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

“Estaríamos ante graves infracciones constitucionales parte del ex mandatario Martin Vizcarra Cornejo quien lideraría esta organización criminal – como se ha probado con las conversaciones sostenidos con sus colaboradores en los audios presentados ante el Pleno del Congreso –, que además de infracciones constitucionales, implican la comisión de varios delitos de función como el de encubrimiento real y otros”, sostiene.

Acusaciones para exministros

Además del exmandatario, el documento recomienda que se acuse constitucionalmente a los exministros de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, Fabiola Muñoz y Jorge Montenegro, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias.

En otro punto recomiendan también que se acuse constitucionalmente a los exministros de Cultura, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Educación y Defensa entre los años 2018 y 2020, por haber permitido que se ejecuten “actos ilegales e ilícitos durante su gestión”.