Perú Libre propone sancionar a jueces que dicten sentencias en base a colaboraciones eficaces sin corroborar

Iniciativa legislativa plantea modificar el artículo 418 del Código Penal e incluir el mal uso de las resoluciones judiciales o dictámenes fiscales con declaraciones falsas.

La bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Waldemar Cerrón, presentó un proyecto de ley que propone sancionar a aquellos jueces que dicten sentencias en base a colaboraciones eficaces sin corroborar.

Se trata de la iniciativa legislativa 1145/2021-CR, que plantea modificar el artículo 418 del Código Penal aprobado mediante el Decreto Legislativo 635.

La finalidad es incorporar en el texto de prevaricato el mal uso de las resoluciones judiciales o dictámenes fiscales con declaraciones falsas de colaboradores eficaces sin corroborar, constatar o cotejar.

“La presente propuesta legislativa tiene por finalidad garantizar el derecho de todo ciudadano a no ser procesado, acusado y/o sentenciado con medios de prueba que provengan de declaraciones falsas o inexactas de colaboradores eficaces, que no fueron previamente constatadas, cotejadas o verificadas por los magistrados que tuvieron a su cargo la admisión de estas pruebas y su convalidación dentro de un proceso judicial, estas declaraciones, tampoco podrán ser tomados en cuenta en otros procesos judiciales, bajo responsabilidad de incurrir en delitos”, detalla.

Así, la propuesta legislativa plantea sancionar a los magistrados que incurran en este hecho con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

En la exposición de motivos se afirma que la figura de colaboración eficaz “ha sido penetrada por el mismo aparato corrupto, encargado de combatirla”, y que algunos “malos fiscales” llegan a un convenio con investigados que se ven obligados a “fabricar” declaraciones a cambio de su libertad y en perjuicio de personas inocentes.

No obstante, Waldemar Cerrón destaca que dicha figura ha permitido conocer la corrupción de casos como Los Cuellos Blancos del Puerto en las principales instituciones militares, policiales, deportivas, Poder Ejecutivo y el propio Congreso.