El gobernador presentó oficialmente el proyecto de modernización del estadio municipal tras las declaraciones del burgomaestre Julio Correa sobre intercambio de obras por apoyo político

Un caso que mezcla política regional, obras públicas millonarias y presunto tráfico de influencias tiene en vilo a la provincia de Chepén, donde las declaraciones del alcalde Julio Correa Chávez han desencadenado una investigación fiscal que ahora contrasta con el anuncio oficial de las obras prometidas.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha formalizado su investigación solicitando a la Municipalidad Provincial de Chepén un informe detallado sobre el impulso a las obras de modernización del estadio municipal y la adquisición del terreno para el nuevo hospital provincial.

Las confesiones que encendieron las alarmas

Todo comenzó cuando el alcalde Julio Correa Chávez decidió hablar con transparencia brutal en una entrevista. El burgomaestre admitió sin tapujos que aceptó brindar apoyo político al gobernador César Acuña a cambio de obras de envergadura para su provincia.

"A cambio del respaldo político, el gobernador César Acuña nos ofreció la construcción de un estadio, un hospital y otras obras de envergadura", declaró textualmente el alcalde, generando una confesión que ahora es materia de investigación por presunto tráfico de influencias.

Sus propias palabras lo incriminaron: "Hay que ser realista, cuando uno es oposición o adverso a quien tiene la línea de gobierno nunca te apoyan, nosotros vimos esta posibilidad en beneficio de la provincia de Chepén y ahí está".

El gobernador cumple su parte del acuerdo

En una coincidencia que no pasa desapercibida para los investigadores, César Acuña estuvo en Chepén días después de que estallara el escándalo para presentar oficialmente el proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal "Juan Noriega Salazar".

Durante el evento, realizado en el mismo sitio donde se construirá la obra junto a autoridades locales y pobladores, el gobernador regional anunció que la inversión alcanzará los 24 millones de soles y que será ejecutada bajo la modalidad Fast Track para acelerar los tiempos.

Acuña sostuvo que este estadio será uno de los tres legados que dejará para Chepén, junto al Instituto Ciro Alegría y el mejoramiento del hospital. La ejecución, según anunció, comenzará en septiembre con los trabajos de demolición.

"Será una obra que beneficiará a miles de jóvenes de la provincia", declaró el gobernador, quien no hizo referencia alguna a las declaraciones comprometedoras del alcalde ni a la investigación fiscal en curso.

Una investigación que se amplía

La Fiscalía no solo tiene en la mira al alcalde Correa Chávez. La investigación por presunto tráfico de influencias también alcanza a los regidores Juan Jesús Salvador De La Cruz Briones y Edgar Tirado Cruzado, quienes podrían haber participado en las negociaciones o haber tenido conocimiento de los acuerdos político-clientelares.

El Ministerio Público busca determinar si efectivamente existió un intercambio de favores políticos por obras públicas, práctica que configuraría el delito de tráfico de influencias tipificado en el Código Penal peruano.

La solicitud de informes a la municipalidad provincial apunta a establecer cronológicamente si las obras prometidas comenzaron a gestionarse después de los compromisos políticos asumidos por el alcalde chepenano.

El dilema ético de las obras necesarias

El caso pone sobre la mesa un dilema recurrente en la política peruana: ¿cuándo el pragmatismo político cruza la línea hacia la ilegalidad? Mientras que Chepén necesita urgentemente la modernización de su estadio y la construcción de un nuevo hospital, la forma en que se negoció su ejecución genera serias dudas sobre la transparencia del proceso.

Las declaraciones del alcalde Correa evidencian una práctica que, aunque común en la política regional peruana, constituye una forma de corrupción que distorsiona la asignación de recursos públicos y convierte las obras de desarrollo en moneda de cambio político.

Un precedente peligroso

Si se confirman los cargos, el caso de Chepén podría sentar un precedente importante en la lucha contra el tráfico de influencias en el ámbito regional. La investigación fiscal determinará si las confesiones del alcalde son suficientes para configurar el delito o si se requieren pruebas adicionales que demuestren el intercambio ilegal de favores.

Mientras tanto, los pobladores de Chepén se encuentran en una situación contradictoria: por un lado, recibirán las obras que tanto necesitan; por el otro, estas llegaron mediante un proceso que podría ser ilegal y que mancha la transparencia que debería caracterizar la gestión pública.

El desarrollo de esta investigación será observado de cerca por otras provincias de La Libertad, donde dinámicas similares de intercambio político-clientelar podrían estar operando sin la confesión pública que desencadenó el caso de Chepén.

La Fiscalía deberá determinar si las obras anunciadas son el resultado de una planificación técnica legítima o el cumplimiento de compromisos ilegales que configuran tráfico de influencias en perjuicio del Estado.