Gobierno de Boluarte impulsa proyecto para albergar a 2 000 reclusos peligrosos, pero vecinos de La Punta y exjefes del INPE cuestionan su viabilidad.
La presidenta Dina Boluarte encabezó este miércoles la firma de un convenio interministerial para sacar adelante la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón. El Ejecutivo sostiene que el proyecto permitirá alojar a 2 000 internos de alta peligrosidad y aliviar el hacinamiento en las cárceles del país. Sin embargo, la propuesta ha generado rechazo en el distrito chalaco de La Punta y entre especialistas en temas penitenciarios, que la califican como inviable.
El anuncio fue respaldado por el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), que aprobó por unanimidad la iniciativa tras una exposición técnica. Según el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, el penal demandará una inversión de 500 millones de soles, descartando versiones anteriores que hablaban de un costo de 5 000 millones. “Ya están los estudios técnicos que han determinado que el costo aproximadamente es de 500 millones”, aseguró.
Pese a estas aclaraciones, la reacción en La Punta fue inmediata. El municipio emitió un comunicado en el que advirtió que la construcción “alteraría la seguridad, tranquilidad y el orden” del distrito. El alcalde Ramón Garay fue más directo: “Este distrito es uno de los más seguros del Perú, pero con este penal perderíamos esa tranquilidad. Cambiaría totalmente la forma de vida del vecino punteño”.
Las críticas también llegaron desde exjefes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). César Cárdenas, expresidente de la institución, advirtió que el proyecto es poco viable por los plazos que enfrenta el actual gobierno. “Esto no va a ser en ninguna circunstancia en este Gobierno”, señaló. En la misma línea, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza recordó que la idea de construir en El Frontón ya había sido descartada hace dos años por problemas técnicos y advirtió que la insistencia del Ejecutivo parece más un gesto de “mano dura” que una solución real al hacinamiento.
El trasfondo del debate es la crisis penitenciaria nacional: con un nivel de sobrepoblación superior al 130 %, el país requiere nuevas infraestructuras y reformas profundas en el sistema penitenciario. Boluarte reconoció que un solo penal no resolverá el problema y aseguró que se evalúan otros proyectos en diferentes regiones. Sin embargo, la polémica en torno a El Frontón ya está instalada: para unos, un paso necesario hacia el orden; para otros, una apuesta riesgosa e impracticable.
Reviewed by Diana Chuquiruna Lozada
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septiembre 03, 2025
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