Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal

Asimismo, los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado serán investigados por el presunto delito de organización criminal.

Continúan las diligencias. La Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo -este martes 21- tras la denuncia formulada por Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, en octubre del 2022.

El documento fue publicado en el Boletín de Normas Legales, por lo que permite al Ministerio Público formalizar la investigación e iniciar un proceso penal contra el exmandatario, Juan Silva y Geiner Alvarado

El exmandatario fue sindicado por el Ministerio Público como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado; así como presunto cómplice del delito de colusión simple.

La medida fiscal también alcanza a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvardo, quienes lideraron las carteras de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), respectivamente.

A Silva Villegas -actualmente prófugo de la justicia- se le atribuye su presunta autoría en el delito de organización criminal y colusión simple, mientras que a Alvarado López solo se le imputa ser el presunto autor del primer delito citado.

La investigación preparatoria es formalizada luego que el último 17 de febrero, durante la sesión del Pleno del Congreso, se aprobara acusar a los investigados por los citados delitos. Previamente, días atrás, la Comisión Permanente acordó dar luz verde al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recoje estas acusaciones.

El documento fue realizado por el congresista Diego Bazán (Avanza País), parlamentario delegado por el grupo de trabajo -presidido por su colega Lady Camones (Alianza para el Progreso)- para dicha tarea.

El informe final ubica al recluido expresidente como planificador, director y controlador de una trama de corrupción gracias al poder que ostentó durante su presidencia. Ahora la Fiscalía deberá elevar una acusación formal ante el Poder Judicial

Pese a que la denuncia constitucional (N° 307) comprende a los tres exfuncionarios, se acordó que el caso de cada uno de los investigados se votaría por separado.

En este sentido, la resolución legislativa sobre Castillo Terrones -que requería como mínimo cincuenta adhesiones- fue aprobado con 59 votos. Esta también obtuvo 22 en contra y tres abstenciones. Mientras tanto, la acusación contra Silva y Alvarado fue aprobada por 87 y ochenta votos a favor, respectivamente.

De esta manera, el expediente fue devuelto al Ministerio Público para continuar con los próximos pasos, los mismos que ya fueron adoptadas por la Fiscalía, en la presente fecha, y que le permitirán iniciar un proceso penal contra el exdignatario.

Abogado solicitó que Castillo acuda al Pleno

La defensa legal de Pedro Castillo, representada por el abogado Eduardo Pachas, solicitó durante la sesión del Pleno, el pasado viernes 17, que el exmandatario acuda a brindar sus descargos en el Congreso.

El letrado realizó el pedido poco antes de las diez de la mañana, media hora después y durante el transcurso de la sesión parlamentaria. En dicho encuentro se tenía previsto recibir los descargos del exmandatario, debatir y votar el informe final de la acusación constitucional en su contra.

“Solicitamos que (el expresidente Pedro Castillo) esté presente en el Pleno o, caso contrario, en el sentido de que la autoridad, el Congreso y el INPE lo autoricen, vean la posibilidad de que el Congreso se traslade a las sedes del Penal para que el presidente exponga directamente”, exhortó.

Pese a ello, el titular del Legislativo, José Williams, no accedió a su petición. Camones Soriano refirió que la solicitud del abogado no puede ser gestionada por el Congreso. Detalló que, de haberlo querido, este pudo extender el pedido a las instancias correspondientes, entre ellas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

“El abogado, con las prácticas que ya conocemos, presenta hoy, recién, un escrito solicitando lo que acaba de exponer. Debemos recordarle al abogado que el Congreso no es el órgano facultado para otorgar ese tipo de permisos, sino el Ministerio de Justicia a través del INPE”, manifestó.