Trujillo: envían al penal a sujetos por disparar en la calle

El Segundo Despacho de la Fiscalía Mixta Corporativa Mixta de El Porvenir logró que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo dicte la medida coercitiva personal de prisión preventiva contra Luis Alfredo Vera Quintana y Gustavo Luis Sánchez Gil por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en su figura de tenencia y uso o porte de armas de fuego y municiones. 

Los delitos que se les imputan a ambos investigados son en agravio del Estado (Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior) y el requerimiento fue sustentado por la fiscal provincial Delmy María Diaz Fernández.

De la investigación se conoce que, el día 30 de julio, personal policial de la CPNP Nicolás Alcazar fueron advertidos por teléfono por los pobladores que en las inmediaciones de la calle Gabriel Aguilar, cuadra 13 se encontraban dos (02) personas con una botella de cerveza y con un arma de fuego en mano. 

Estos se encontraban realizando disparos al aire causando zozobra a los ciudadanos de a pie; motivo por el cual personal policial desplegó un operativo a fin de lograr ubicar y capturar a quienes estarían realizando los disturbios. Es así que visualizan a ambos sujetos, quienes al notar la presencia de personal policial trataron de darse a la fuga ingresando a una vivienda, siendo capturados y reducidos en el interior de la misma. 

Al identificarlos y realizar el registro personal, a Luis Alfredo Vera Quintana se le encontró en el bolsillo delantero de su pantalón una bolsa plastificada con ciento veinte (120) paquetes, al parecer, de PBC y el segundo sujeto se le halló un arma de fuego.  Motivo por el cual, se efectuó la rápida intervención, incautado un revolver color plata, con cinco cartuchos abastecidos de los cuales uno de ellos se encontraba percutado.

Los graves elementos de convicción frente al débil arraigo que permitía inferir que existiría peligro de fuga, motivo que se dictará la prisión preventiva contra los investigados por nueve meses, a fin de asegurar la presencia al momento de emitir la decisión sobre su responsabilidad y evitar que continúen causando zozobra en la sociedad.