Requisito para ser ministro, lobista con experiencia empresarial
Cuando el hoy preso expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2021 promulgara la Ley 31388 ampliando el plazo de formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2024 lo hizo para los pequeños mineros y mineros artesanales pero, en ninguna parte de la norma los vincula o sindica como operadores mineros al margen de la legalidad; a esta ley se opuso en su momento el Ministerio del Ambiente, MINAM, porque consideraba que muchos “mineros ilegales” se inscribirían en el Registro Integral de Formalización minera, REINFO, pese a seguir en su clara y real acción ilegal, ciertamente un vacío que bien pudo llenarse si es que el exmandatario hubiese considerado sanciones efectivas y ejecutoriadas para los que si operaban dentro de las zonas prohibidas, incumpliendo la ley.
El ministro de Energía y minas de ese entonces Eduardo Gonzáles aplaudía el trabajo conjunto y coordinado entre el Poder Ejecutivo, Congreso y los actores principales de los arreglos de las normas, los dirigentes mineros; la prórroga para el proceso de formalización para “pequeños mineros y mineros artesanales”, estaba dada, pero, y con ayuda de un sector de la prensa, de contrabando metieron por la hendija de la puerta la idea que la formalización era para, por y en beneficio de la minería ilegal. ¿Y quién tenía o debería tener el control en la supervisión y el otorgamiento de los REINFOs para que no vayan a manos de los ilegales? El MINEM se quedaba mudo.
Uno de los que en ese momento se pronunció en contra, fue el director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE, Carlos Gálvez, quien públicamente aseguró que el gobierno de Castillo fue financiado por la minería ilegal y el narcotráfico, por eso no les importaba nada la actividad formal en el sector minero con tal de tener de su lado el apoyo político en amplia mayoría, como sucedía en el Congreso, a donde también, dijo, llegaron muchos parlamentarios financiados por los ilegales;
Gálvez mantiene una opinión muy radical respecto al tema de formalización minera y asegura que si en 22 años que lleva este proceso no han sido suficientes para cumplir con todos los requisitos, menos lo harían en los 90 días como indicaba el DL 1706 aprobado en diciembre del 2023, por eso es que no entendía la reacción de un sector de mineros que con marchas y movilizaciones exigían la derogatoria de esa norma; “El REINFO es un arma de doble filo, les da patente de corso a los ilegales para hacer lo que les da la gana, de tal manera que ni si quiera son pasibles de responsabilidad penal por los delitos que están cometiendo; y en cuanto al Congreso, que interés nacional van a defender si hay congresistas a los que también la minería ilegal les financiaron su campaña; hay que acostumbrarnos a que somos un solo tipo de ciudadano y todos tenemos que someternos a la ley por igual”, comentó Gálvez
En política, las opiniones pueden tener sus visos contradictorios o relevantes cuando se trata de defender intereses, de los lobbies por un lado y de los grandes emporios industriales por otro; sin embargo, al mandamás de este grupo empresarial, que incide en que la ley debe ser por igual, se le olvida que gran parte de las “formales” empresas del sector productivo de explotación y extracción de minerales en el Perú afincadas en su sociedad y cuya base financiera provienen de países con potencia económica, son las más grandes deudoras al fisco nacional, considerando que muchas de ellas no solo anidan empresarialmente dentro de la minería, también dentro de los sectores pesquería, petrolera y gasíferas; peor aún, en su afán de seguir evadiendo impuesto o negarse a honrar históricas multas, se van hasta el poder judicial para conseguir el fin deseado, y claro, si es que logran una muy buena oferta en la subasta jurídica o en las decisiones del Tribunal Constitucional que los beneficie.
El ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería Carlos Gálvez cuestiona el proceso de formalización minera |
O es la mala paráfrasis o hay una sesgada y convenida interpretación que es aprovechada por diversos sectores incluyendo el político, porque si la ley es clara arriba, también tiene que ser clara abajo y a los costados; hasta el hartazgo se ha definido como minería ilegal, a aquella actividad que se realiza en espacios prohibidos, llámese riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, esto incluye a los que usan equipos de alta tecnología y maquinarias pesadas y que no cumplan con requerimientos administrativos, técnicas, sociales y lo más importante, ambientales, son considerados mineros ilegales.
La minería informal es aquella de pequeña escala cuya labor se da en espacios donde la extracción de los recursos minerales si está permitida al igual que el uso de maquinarias según su capacidad de producción y aunque no cuenten con autorización a nivel de concesiones, deben tener un proceso de formalización iniciado ante el Estado, el incumplimiento de algunos requisitos puede generar infracciones administrativas, pero no un delito penal; no se sabe a ciencia cierta que parte de esa infracción administrativa, sea el uso de componentes químicos que contaminan ambiente y cuenca de ríos.
El trabajo del día a día en pequeñas áreas o en terrenos con materiales mineros de reboce de remanentes, sumado a la baja productividad por el uso de técnicas ineficientes e inseguridad en los trabajos que requieren de un gran esfuerzo físico es parte de la minería artesanal, esta forma de trabajo donde el uso indiscriminado del mercurio para extraer oro en minúsculas cantidades, genera grande impactos en la salud no sólo de los mineros artesanales que trabajan en condiciones de inseguridad sino también en la población que consume agua contaminada con mercurio; los daños colaterales, son parte de y cada una tiene origen, vigencia aunque sin tiempo definido de caducidad.
¿Será acaso parte de la conveniencia política definir lo informal con lo ilegal como sinónimo para mantener el caos social y no buscar una política de estado que recupere el principio de autoridad y regule normas y sanciones?
El MINEM a través de la Dirección General de Minería, DGM, y el MINAM a través de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, cumple roles específicos; el primero autoriza actividades de exploración, explotación, autorización de concesiones de beneficio, aprueba programas de inversión, estudios de factibilidad y supervisa que se cumplan los contratos de estabilidad tributaria, mientras que el segundo supervisa que las actividades económicas se desarrollen en concordancia con el derecho de la ciudadanía a gozar de un ambiente sano y sancionar acorde a las normas en materia ambiental.
Pero ambos organismos, no sinceran la definición de lo informal y lo ilegal, que es el punto quiebre del que se agarran los que apuntan en el manejo de la cartera de Energía y Minas, que precisamente la manosean quienes tienen y mantienen intereses entre lobbies y negociados por debajo de la mesa o acorde con la manipulación política de quienes pretendan vivir de la teta del estado.
GATOS DEL DESPENSERO MINISTERIAL
Para nadie es un secreto que los nombramientos de ministros se dan por decisión política del presidente de turno y la mayoría de ellos están vinculados a empresas del sector a dirigir, por eso no llama la atención que los veamos impulsando normas o promoviendo acciones preconcebidas a favor de éstas. Solo para recordar un ejemplo claro de conflicto de intereses en los últimos años, el del ex ministro de la gestión de Vizcarra, Francisco Ismodes Mezzano el que, retando toda prohibición normativa, impulsó un Decreto Supremo para que empresas solares generadoras de energía puedan hacer transacciones directas de venta con sus clientes y/o consumidores pese a estar impedidas por ley. Tres empresas ingresaron sus expedientes al MINEM solicitando autorización para estudios de preoperatividad, lo curioso es que el ministro en cuestión fue asesor de esas tres empresas y una de ellas, “Continuas Energías Positivas”, ya tenía avanzado el trámite de su expediente, incluso contaba con la Minera Cerro Verde como “cliente adelantado” y solo estaba a la espera de la promulgación de la benéfica norma para empezar a operar. ¿Quién en su sano juicio tramita un expediente para ampararse en una ley aun no publicada? Sólo lo hace el que está seguro de que se publicará una norma promovida a medida de sus intereses. Aquí primó y se decidió por el interés privado y no por la obligación pública de un funcionario del estado. En criollo, un verdadero Conflicto de Interés Real.
Exministro Francisco Ismodes, promovió norma a favor de sus exempleadoras. |
Un informe de Contraloría enviado a la presidenta del directorio de PerúPetro Mercedes Tafur Marín en setiembre de 2023, no solo levantó a los gremios petroleros a hacer público su rechazo ante la decisión del ministro de la negociación directa; también puso en evidencia su desesperado interés para que PetroPerú se haga de los contratos de explotación de los lotes petroleros piuranos además de la ejecución de actividades exploratorias, una especie de tabla de salvación para repotenciar, con la plata de todos los peruanos, una empresa quebrada. Al siguiente día de la emisión del informe, Vera Gargurevich con intención de calmar los ánimos anunció que esos lotes serían otorgados, pero ahora mediante concurso público.
Oscar Vera exministro del MINEM, intentó favorecer a PETROPERU con una negociación directa para explotación y actividades exploratorias |
Congreso rechazó moción de interpelación y Ejecutivo lo mantuvo en el cargo pese informe de Contraloría |
MUCHO PARA MUCHOS CONVENIDOS PROYECTOS
Pareciera que los requisitos para ocupar cargos en ministerios claves debiera tener intereses particulares y/o empresariales, de otra manera no se explica como el reemplazo de un titular cuestionado por lindar conflicto de intereses, sea otro de la misma estirpe convenida, un “lobista con experiencia empresarial”.
El 13 de febrero la encargada de la presidencia Dina Boluarte, juramentó al ingeniero de Minas Rómulo Mucho Mamani como ministro del MINEM; su nombramiento llegó en medio de las quejas, reclamos y movilizaciones de los mineros de todo el país que demandaban la derogatoria del DL 1607 referente al plazo para el trámite en el Registro de inscripción de Formalización Minera, REINFO, que terminó revocándose, sumando un punto político a su favor. El otrora miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, desde su nombramiento fue cuestionado por su vinculación con la Minera Southern Perú Copper Corporation a la que su empresa Pevoex Contratistas SAC le presta servicios, al margen de las denuncias y procesos que tiene en el Ministerio Público y Poder Judicial, de las cuales asegura que algunas fueron archivadas por improcedentes y en otras excluido del proceso.
Rómulo Mucho ha sido muy enfático en su respaldo al proyecto minero Tía María en Arequipa, lo curiosos es que será ejecutada precisamente por su “cliente” Southern Perú y aunque dice haber renunciado al directorio de su empresa prestadora de servicios, ésta sigue manteniendo vínculo comercial. Por este hecho, el Congreso lo consideró como conflicto de intereses y solicitó su interpelación; Mucho Mamani asistió y muy suelto de huesos aseguró que “continuará promoviendo proyectos mineros como Tía María porque es parte de su función, porque el país vive una recesión económica y que la actividad minera trae muchos beneficios en el desarrollo del país”. Sería bueno que considere exigir el pago de sus cuantiosas y millonarias deudas a las empresas mineras que le deben al estado, eso también traería muchos beneficios en el desarrollo del Perú.
El escándalo llegó de la mano de su amiga Rosa Isabel Sánchez Arenas y lo puso sobre el tapete público y mediático a través de un reportaje periodístico; el ministro la contrató para ejercer el servicio de desarrollo de actividades de articulación con sectores y niveles de gobierno por un plazo de 100 días y con un sueldo de S/- 40 mil soles, además de ser favorecida con el uso de un vehículo oficial para trasladarse desde su casa al ministerio. Desde su designación como titular del MINEM, ya había destinado a Sánchez Arenas como responsable de su equipo de transferencia, además de haber sido parte “anónima” de la comitiva del gobierno que viajó a un evento minero en Canadá; lo sorprendente es que, la mencionada solo cuenta con secundaria completa y no posee experiencia como para ocupar cargos como el designado por su amigo el ministro.
Javier Alonzo Pacheco Palacios, Procurador General del Estado, remitió un oficio al fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, solicitando se investigue Rómulo Mucho Mamani como titular del MINEM y a Rosa Sánchez Arenas, por el presunto delito de Negociación Incompatible en agravio del Estado. Los descargos no se hicieron esperar, inmediatamente un comunicado del Ministerio de Energía se viralizó, en su afán de deslindar responsabilidades.
Rómulo Mucho actual ministro de Energía denunciado por contratar a su amiga con sueldo de 40 mil soles |
MINEM DE ESPALDAS A LA REALIDAD MINERA
El sector minero tiene diferentes realidades, las normas se han dado muchas veces pensando en la minería de la zona oriental de nuestro país, donde también abarcó la minería ilegal haciendo gran daño al medio ambiente, ríos, agricultura y población; trajo consigo daños colaterales, bandas criminales dedicadas a la extorción, secuestro, sicariato y asesinatos; la región La Libertad no es exenta a esta situación en las zonas mineras; sin embargo, a quienes dirigen el MINEM poco o nada les ha importado, siempre han estado de espaldas a esta realidad, nunca tomaron control para hacer respetar las normas, jamás buscaron consenso con la población para frenar la minería ilegal o enfrentar la informal, por eso es que o hay absolutamente nada en lo que a remediación ambiental se refiere, porque delegan trabajo a empresas que lo único que hacen es ir de reunión en reunión, repetir los informes que giran en torno a un mismo tema; el tiempo se va dilatando y siempre encuentran pretextos o argumentos para seguir con la agenda pasada actualizada a conveniencia.
Claro y contundente fue nuestro informe especial de la edición pasada, referente a la labor de la empresa estatal Activos Mineros SAC, y hasta el momento, esta empresa sigue con el mismo libreto, “haber recibido el encargo del MINEM para la realización de diagnósticos técnicos y sociales en las unidades mineras Quiruvilca, en La Libertad, ante el incumplimiento de sus titulares y responsables de las citadas unidades mineras”; a ver si cambian de trama y se aprenden como responder sobre sus sanciones y multas por incumplir su trabajo y permitir derrames mineros que afectan no solo río o lagunas, también a la población. ¿O, la negligencia también es parte del encargo del MINEM?
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