Ministro del MTC defiende a nuevo presidente de la ATU pese a acusaciones fiscales: “Todo funcionario tiene investigaciones”
Jaime Romero Bonilla fue designado como nuevo titular de la ATU, aunque enfrenta una acusación por colusión agravada. César Sandoval asegura que no hay sentencia firme.
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, defendió la reciente designación de Jaime Romero Bonilla como presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), pese a que este último enfrenta una acusación fiscal por colusión agravada en un proceso judicial iniciado en 2023.
“Todo funcionario tiene un ciclo”
Romero Bonilla reemplaza en el cargo a David Hernández, cuya salida fue oficializada mediante Resolución Suprema N.° 007-2025-MTC, publicada el 21 de julio en el diario El Peruano. En declaraciones a la prensa, Sandoval explicó que el cambio responde a la necesidad de alinear la gestión de la ATU con los actuales lineamientos del Ejecutivo.
“Todo funcionario tiene un ciclo. Se ha evaluado a una persona con experiencia para dirigir esta nueva etapa bajo la política de Estado”, sostuvo.
Investigaciones y acusación por colusión agravada
Consultado por RPP sobre el proceso que enfrenta Romero Bonilla, el ministro Sandoval afirmó que “todo funcionario público está expuesto a ser investigado”, y remarcó que no existe ninguna sentencia condenatoria contra el nuevo jefe de la ATU.
“Cuando tenga una sentencia, tenga la plena seguridad de que saldrá del ámbito público. A buena hora que se le investigue. Si resulta absuelto, será como un certificado de buena conducta”, dijo.
Romero Bonilla fue incluido en una acusación fiscal presentada en 2023 por el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Callao. El caso involucra al entonces gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, y a varios exfuncionarios, por la presunta contratación irregular de servicios durante el evento XI GORE Ejecutivo de 2019.
Según la tesis fiscal, Romero, quien se desempeñaba como gerente general del Gobierno Regional, habría autorizado gastos irregulares que generaron un perjuicio económico de S/ 32,348 al Estado. El Ministerio Público ha solicitado una condena de 5 años y 11 meses de prisión para los implicados.

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