La presidenta realiza una remodelación parcial a menos de un año del fin de su mandato, privilegiando el reciclaje de funcionarios sobre la renovación de cuadros.

En una decisión que desconcierta por su falta de sustento público, la presidenta Dina Boluarte anunció cambios en tres carteras ministeriales sin que mediaran escándalos, denuncias o crisis evidentes que justificaran estas remociones. La medida, que sorprendió a la opinión pública, incluye el polémico retorno de Juan José Santivañez al gabinete, apenas meses después de haber sido censurado por el Congreso.

El controvertido regreso de Santivañez

La decisión más cuestionable del remezón ministerial es la designación de Juan José Santivañez como ministro de Justicia, un funcionario que arrastra el estigma de haber sido censurado en marzo por "manifiesta incapacidad" para enfrentar la inseguridad ciudadana y su "falta de liderazgo en el sector".

La censura, respaldada por 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, incluyó el apoyo de Fuerza Popular, cuyo vocero Arturo Alegría García criticó duramente su gestión por haber "instaurado múltiples estados de emergencia sin el uso de inteligencia y estrategias". Que la misma presidenta que permitió su censura ahora lo reincorpore al gabinete evidencia una preocupante falta de coherencia institucional.

Lejos de alejarse del poder tras su censura, Santivañez fue convenientemente "reciclado" como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, un cargo desde el cual mantuvo reuniones con ministros, sugiriendo que nunca perdió realmente su influencia en el Ejecutivo.

Investigaciones pendientes y conflictos sin resolver

El retorno de Santivañez resulta aún más cuestionable considerando las investigaciones que pesan sobre él, incluida la polémica denuncia que presentó contra periodistas de Latina por presunto reglaje, una acción que generó serias preocupaciones sobre la libertad de prensa y el uso del aparato estatal para perseguir a comunicadores críticos.

El juego de las sillas musicales

El resto de los cambios refuerza la percepción de que el gobierno de Boluarte opera más como un ejercicio de acomodo político que como una administración con criterios técnicos claros. Fanny Montellanos, quien se desempeñaba como ministra de la Mujer, simplemente cambia de escritorio para dirigir el Midis, reemplazando a Leslie Urteaga, quien había logrado mantenerse en el cargo durante un período considerable sin mayores cuestionamientos.

Esta rotación interna sugiere que los cambios obedecen más a dinámicas de poder interno que a evaluaciones de desempeño o necesidades sectoriales específicas. ¿Por qué remover a funcionarios que no han generado controversias públicas? La administración Boluarte no ha ofrecido explicaciones convincentes.

Un nuevo rostro con el mismo perfil

La única designación verdaderamente nueva es la de Ana Peña Cardoza como ministra de la Mujer, proveniente de la Biblioteca Nacional del Perú. Si bien cuenta con experiencia en el sector público, incluyendo roles en Indecopi y el Ministerio de Cultura, su nombramiento responde al patrón típico del gobierno: privilegiar funcionarios de carrera del Estado por encima de perfiles con experiencia en el sector privado o la sociedad civil.

Continuismo sin rumbo

A menos de un año del fin de su mandato, estos cambios ministeriales revelan las limitaciones estructurales del gobierno Boluarte. En lugar de aprovechar el tiempo restante para consolidar políticas públicas o generar consensos, la administración parece atrapada en una lógica de supervivencia política que prioriza el acomodo de aliados por encima de la eficacia gubernamental.

La ausencia de una explicación pública clara sobre los criterios utilizados para estos cambios refuerza la percepción de un gobierno que toma decisiones de manera improvisada, sin una estrategia coherente de largo plazo.

El costo de la inconsistencia

El retorno de Santivañez, en particular, envía un mensaje contradictorio sobre los estándares que el Ejecutivo aplica a sus funcionarios. Si un ministro puede ser censurado por incompetencia y luego retornar al gabinete en otra cartera, ¿qué valor real tienen las evaluaciones de desempeño y la rendición de cuentas?

Esta decisión no solo debilita la credibilidad del gobierno, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Los peruanos merecen explicaciones claras sobre por qué un funcionario censurado por incapacidad vuelve a ocupar un cargo ministerial, especialmente cuando existen profesionales sin esas controversias disponibles para el servicio público.

Balance de una gestión sin brújula

Estos cambios ministeriales condensan los problemas centrales del gobierno Boluarte: falta de transparencia en la toma de decisiones, tendencia al reciclaje de funcionarios cuestionados, y ausencia de criterios técnicos claros para la conformación del gabinete.

Con menos de un año por delante, la administración parece más preocupada por mantener equilibrios internos que por ejecutar políticas que respondan a las demandas ciudadanas. El tiempo se agota, pero las decisiones siguen siendo las mismas: improvisar, reciclar y evadir las explicaciones que la ciudadanía merece.